Sombras en la vacunación infantil contra la Covid-19 - III Jornada de diàlegs entre medicines

Se acaba de dar a conocer que un tribunal de apelaciones de Uruguay ha revocado la sentencia que solo hacía tres semanas había ordenado suspender la vacunación contra el COVID a menores de 13 años. La sentencia ahora anulada, dictada por el juez Alejandro Recarey, requería al estado uruguayo que aportara los contratos que habían firmado con las farmacéuticas, que mostrara las cláusulas, hoy bajo confidencialidad, y que informara sobre la composición del producto que se pretende inocular en la población infantil. También exigía que el Estado confeccionara un consentimiento informado, con información sencilla y veraz, de modo que incluyera los beneficios y efectos adversos, el riesgo y las probabilidades de tenerlos y que diera a conocer los efectos secundarios que ya consta que se han reportado.

Verdaderamente frustrante el posicionamiento del tribunal de apelaciones de un país que según The Economist es el segundo plenamente democrático de América Latina, en lugar de reconocer que la información que se les había exigido, es tan elemental y razonable que ya hubiera tenido que estar al alcance de la ciudadanía desde el minuto cero.

Mi agradecimiento al juez Recarey por intentar defender, en momentos como los actuales, el derecho a la libertad de información y libre decisión, en aspectos tan relevantes como es la vacunación y la salud de la infancia. Un verdadero servidor de la justicia que ya sabía, que exigir una información tan celosamente ocultada, no le reportaría ni premios ni complementos salariales, sino que lo expondría a una inhabilitación profesional o como mínimo a una campaña de difamación. Lo sabía, porque eso mismo es lo que está pasando con los médicos y científicos que se atreven a discrepar de la narrativa oficial.

Vivimos una época impresionante, pues las televisiones que deberían informar a la población de los efectos adversos reportados no dedican la suficiente atención a noticias como la que el pasado 25/5/22 publicó La Vanguardia. La nota de prensa informaba que, según el Informe de Fármaco-vigilancia de Vacunas contra la COVID-19, a esta fecha en España, ya se habían notificado 434 muertes y 70.965 reacciones adversas, de las que 12.960 habían sido consideradas graves. (1)

Peter McCullough

Tampoco ha trascendido a los medios de comunicación la interesante intervención del Dr. Peter McCullough, del pasado 17/06/22 en el Senado de los EEUU. Este prestigioso cardiólogo y epidemiólogo informaba que a esa fecha el sistema de notificaciones de efectos adversos en los EEUU (VAERS) ya había registrado 13.388 muertes a consecuencia de la vacuna. Según McCullough la vacuna contra la COVID-19 causa coágulos, problemas en el corazón, efectos neurológicos, problemas en el sistema inmunitario y en el hematológico. En la misma comparecencia informó de que sus efectos adversos ya han sido recogidos en diversos estudios revisados por pares. (2)

Las personas que sufren los efectos de la vacuna se enfrentan ante la incomprensión y la negación del propio sistema sanitario, encontrándose en situación de grave desamparo. Este es el caso de la Asociación de Trabajadores Esenciales Afectados por la Vacuna AstraZeneca. Según informa Diario 16, estos trabajadores, tras las inoculaciones, sufrieron taquicardias y bradicardias incontrolables, tinnitus, miocardititis pericarditis, parálisis, mareos, ahogos, cefaleas, pérdida de memoria, hematomas, trombosis… Muchos de ellos tuvieron que ser hospitalizados y otros ingresados en la UCI. La asociación argumenta que como se inocularon por motivos laborales, siguiendo las consignas de las autoridades sanitarias, se les debería reconocer las patologías que sufren como efectos de las mismas. De este reconocimiento depende conseguir un acertado diagnóstico y la atención adecuada, el derecho a tener cobertura y a recibir las indemnizaciones oportunas. (3)

Carina Acavedo

Para abundar en el tema, recomiendo visitar el canal de Telegram de Akasha Comunidad (t.m/akashacomunidad) o, como mínimo, escuchar la entrevista que en el mes de mayo se realizó a la Dra. Karina Acevedo Whitehouse profesora de Ciencias Naturales de la Facultad de Ciencias Naturales de la UA de Querétaro (México) e investigadora en epidemiología molecular, enfermedades y cambios ambientales. Defensora incansable del debate científico que tristemente no tenemos, explica cómo las vacunas que se están aplicando a los niños y niñas y a otros grupos ni son necesarias ni seguras. Desde su punto de vista no reducen el riesgo de infectarse del virus SARS-COV-2; por el contrario, según la doctora, lo incrementan (…), ya que en la medida en que se toman más dosis más se fatiga el sistema inmunitario, exponiendo a las personas que se las aplican a enfermedades oportunistas. Tampoco evitan la transmisión del virus hacia otros, ni reducen los signos y síntomas clínicos, tal y como reiteradamente se nos ha venido explicando. (4)

La Dra. Acevedo nos recuerda una vez más que la tasa de supervivencia de la infección del SARS-COV-2 en grupos de niños por debajo de 17 años es del 99,9997%, es decir, estadísticamente se sabe, que si un niño o niña se infecta a esa edad no le pasará nada, salvo a un porcentaje muy bajo (…). Por tanto, desde su visión, estamos ante una profunda contradicción, pues se quiere “proteger” con un producto que ya ha sido demostrado que no protege y que además comporta efectos adversos, por un riesgo que en realidad los menores no tienen.

La Dra. Acevedo acaba de informar sobre la publicación de otro estudio que añade evidencia científica a la ya existente sobre que los niños cuentan con las respuestas necesarias para este virus, al igual que para otros. El estudio acaba de ser publicado en la revista Nature Communications (https://www.nature.com/articles/s41467-022-31600-0), con el título “La expresión genética del tracto respiratorio superior muestra una respuesta inmune adaptativa a SARS-COV-2 más robusta en niños”.

Las cifras de efectos adversos y muertes reportadas en registros oficiales y los estudios científicos a los que se refieren el Dr. McCullough y la Dra. Acevedo cuestionan la base científica de la recomendación del gobierno español y las comunidades autónomas de pasar a la cuarta dosis a los mayores de 60 años. Y también la de incluir para niños y niñas de más de 5 años la vacuna contra la COVID-19 en el calendario de vacunación infantil.

Conflictos de interés

Hay una cuestión que puede explicar que determinadas instituciones y sociedades científicas puedan llegar a tomar decisiones tan poco justificadas que se llama conflicto de interés. Las corporaciones farmacéuticas presentan estos pagos bajo eufemismos como “transferencias de valor” y se justifican estas cantidades en sus memorias como el “compromiso” con los sanitarios y la “investigación” de medicamentos.

Ésta es una manera de funcionar muy conocida en nuestro país. Empieza por los visitadores médicos en los centros de atención médica, donde desde siempre han podido obtener la recomendación a determinados productos, a cambio de la asistencia a congresos, el pago de formaciones… Continúa con donaciones a universidades, con el pago de honorarios por servicios de investigación “a la carta” de quien paga… Todo esto acaba creando una estrecha red de complicidad relacional, un ambiente favorable cuyo resultado natural es la prescripción de sus productos y, con ello, la obtención del apoyo a sus marcas en las diferentes especializaciones (geriatría, pediatría, oncología, reumatología, etc.).

Para ilustrar esta situación, acompaño algunas de las cantidades que percibieron los miembros del Comité Asesor de la Vacunación Española de Pediatría. Los datos correspondientes al año 2020, los he obtenido del post de Roberto Sánchez en el blog “No gracias, menos medicinas y más salud”. (5) Para dar coherencia al trabajo, he mantenido los nombres de los profesionales, las entidades y los laboratorios que previamente Sánchez ya había seleccionado en su investigación. Al trabajo de investigación realizado del 2020, yo he añadido, salvo error u omisión, la parte correspondiente al 2021, destacando que la información que juntos ofrecemos no es más que la punta del iceberg.

En la investigación me ha sorprendido el alto número de profesionales sanitarios que perciben algún tipo de ingreso de forma directa o, indirectamente, a través de las organizaciones a las que pertenecen. Todo ello crea una extensa red de interrelaciones perfectamente tejida a la que por ahora, si no cambian las leyes o aparezcan más jueces como el Sr. Recarey, dada la permisividad del sistema es difícil llegar hasta el fondo.

Miembros del Comité Asesor de Vacunas de la Asociación Española de Pediatría

En la siguiente tabla podrán ver, al menos en parte, lo que percibieron las sociedades pediátricas más importantes de España y otras relacionadas. Las cantidades expuestas no incluyen lo que ingresaron sus delegaciones territoriales, sus juntas directivas… Tampoco las fundaciones e institutos de salud vinculados a las comunidades autónomas y otras sociedades de pediatría influyentes en el sector:

Sociedades pediátricas y otras relacionadas

Creo que estas cifras dañan seriamente la credibilidad del sistema, puesto que abren importantes interrogantes sobre las motivaciones de fondo de estos profesionales y las sociedades de las que forman parte, poniendo en duda el juicio y el criterio “científico” de los mismos.

Marta Domènech. Consultora de crecimiento personal. Autora del libro Súbete al árbol más alto (Autoconocimiento en tiempos de transformación)

Disponible en www.ElAngel.es, Casa del Libro, Amazon, librerías…

Peter McCullough

Carina Acavedo

Conflictos de interés

Recommended Articles